Por Nicolás Marchiori
A lo largo de la historia, numerosos acontecimientos muestran el uso de la crueldad por parte de la naturaleza humana; el genocidio de los pueblos originarios de América, el de los armenios, el nazismo en Europa, la dictadura cívico-militar en Argentina. Sin embargo, hay algo novedoso: los hechos citados fueron ocultados, muchas veces negados o justificados como consecuencias no deseadas. Es difícil encontrar ejemplos del uso desinhibido de la violencia y el odio, el regodeo obsceno y el goce sádico de la crueldad llevado a cabo públicamente por aquellos que deberían tener la responsabilidad del cuidado del pueblo. Lo más grave es que esta situación se va asumiendo y naturalizando en la sociedad al no contar con herramientas suficientes para contrarrestarla.
El jurista escandinavo Alf Ross, en su libro ¿Por qué democracia?, dice de la libertad que “difícilmente haya otra palabra utilizada tan extravagantemente, tan ensalzada y loada, pero que al mismo tiempo sea tan carente de un significado claro y preciso. La libertad es una de esas palabras sonoras cargadas de sugestión, a las que se recurre más bien para despertar sentimientos en el ánimo que pensamientos en la cabeza”.
La idea de libertad es antigua y casi nunca consideró la “igual-libertad”, una libertad ejercida desde el derecho ajeno. Siempre fue la libertad del poderoso, del noble, del esclavista, del capitalista para decidir por los vasallos, los esclavos de grilletes y los esclavos asalariados de hoy. El concepto de “igual libertad” estuvo sugerido entre los primeros cristianos, cuando eran perseguidos (no perseguidores), pero se articuló más de mil años después con la Ilustración, como consecuencia doble de los humanistas y del profundo impacto que tuvo entre los conquistadores el mundo más democrático, más libre e igualitario de los nativos americanos.
Hoy puede causar sorpresa observar cómo un presidente, un primer ministro, un legislador o un exitoso hombre de negocios, con un convencimiento seductor, toman decisiones que conducirán al dolor de millones de personas. Por lo general, se excusan en que se trata de un “sacrificio necesario”, que vale la pena para estar mejor en el futuro y recurren a invertir el significado de valores y emociones que llevan miles de años definidas de una forma simple y comprensible, como la compasión y la solidaridad.
Ante este escenario, surge una pregunta: “¿qué perfil psicológico calza en esta demanda funcional de crueldad, del sacrificio humano? La característica central del psicópata radica en su incapacidad por sentir empatía por el dolor ajeno. Esta incapacidad de emociones que explican la supervivencia, los lleva a lo contrario. De las pocas fuentes de placer a las que pueden recurrir para aliviar una existencia insoportable es el placer por el dolor ajeno.
Cuando hablamos de política de la crueldad para caracterizar a un gobierno, nos estamos refiriendo al modo en que la política institucional abandona deliberadamente, con disfrute, todo mecanismo de negociación y aplazamiento respecto a la violencia. Es ahí donde reaparece la crueldad.
Se dibuja una paradoja: la política de la crueldad marcaría el fin de las mediaciones políticas destinadas a mantenerla a distancia, produciendo, sin embargo, una política. Apuesta a gobernar sin gobernar y a la violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo que produce insensibilización.
La política de la crueldad genera un padecimiento en el cuerpo, que se puede materializar en un déficit alimentario, la falta de acceso a medicamentos, vacunas, prótesis e insumos, pero también instala un sufrimiento psíquico, difícil de objetivar, un dolor moral que atraviesa el psiquismo, el estado de ánimo.
En este contexto, la antipolítica representa una amenaza letal para poder garantizar las funciones elementales del Estado. El culto al individualismo eficientista y mezquino, vulnera los lazos sociales que nos constituyen como sujetos inmersos en un colectivo de pertenencia. El otro, desde esta feroz perspectiva, representa una amenaza, un competidor, un potencial enemigo.
Para poder salir de esta situación angustiante se deben implementar políticas que acerquen el Estado al pueblo, pero con un Estado integrado y representado por personas, que tengan como eje a los individuos y a las familias con nombre propio. Que tienda puentes y no los destruya. Dicha retórica del Estado tendrá que ver con la solidaridad y la empatía, con políticas de reposición de derechos, que permitan a través de este cara a cara dar un rostro.
Un sacrificio que sigue sin dar frutos
La creencia de lo sacrificial, como etapa superior de la meritocracia, no sería posible si no se hubiera logrado instalar antes la idea y la experiencia de que los derechos son “privilegios” de ciertos sectores, beneficios que van contra la igualdad de oportunidades. La recesión y la inflación son un acelerador de la crisis, bajo un darwinismo económico que puede volatizar también las esperanzas de quieren le dieron crédito a la motosierra de Milei. Por eso, lo que le queda a la política de la crueldad es empujar la violencia horizontal entre los afectados, que dicho en términos criollos sería fogonear la pelea de pobres contra pobres.
Lo cierto es que Milei se transformó en Presidente de la República Argentina con una promesa tan simple como contundente: había que transitar por un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía para poder empezar a respirar de nuevo a partir de 2025.
La actualidad nos muestra que la Argentina atraviesa una realidad por demás compleja en donde no se avizora la posibilidad de que se materialice la promesa de Milei: la actividad económica está estancada, los salarios licuados, las jubilaciones en retroceso, existe una mayor informalidad laboral, hay un incremento de los niveles de endeudamiento familiar y crece la sensación de extrema fragilidad que atraviesa a todo, desde el changuito del supermercado hasta la economía de las provincias, como Misiones.
Lo que fue vendido con orgullo como un “ajuste ejemplar” por parte del Gobierno Nacional nunca se tradujo en expansión económica, todo lo contrario, la Argentina transita un largo sendero en donde la actividad económica no repunta. Esta situación se hace tangible por ejemplo cada vez que miramos hacia una fábrica y vemos un parate que se refleja en reducciones de horas, suspensiones y despidos.
Un informe de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli publicado en octubre reflejó que, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, en la Argentina cerraron 16.322 empresas, el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de 236.139 empleos formales. Los economistas definen al momento actual como una “glaciación productiva”, donde la falta de una estrategia de desarrollo y de generación de divisas sostenida derivó en un estancamiento generalizado de la actividad económica. Se trata de “un proceso de enfriamiento prolongado de la actividad económica que erosiona su sabe empresarial, destruye el empleo y debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo”. Nunca antes, ni siquiera en pandemia, se había verificado un deterioro tan acelerado en el sector privado formal.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del salario mínimo que permanece congelado en términos reales y acumula una caída superior al 30% respecto de finales de 2023. En el caso de los salarios registrados, aun contemplando las recomposiciones de 2025, siguen más de 5% por debajo del último mes completo de la anterior gestión. A esto se le debe sumar los sueldos de los estatales que se desplomaron más de 14%.
El documento advierte que el modelo económico actual muestra “fragilidad estructural: cada seis meses requiere de un shock extraordinario de dólares para evitar corridas cambiarias y mantener a flote el nivel de actividad”.
La construcción y la industria manufacturera son los sectores más castigados. La paralización de la obra pública, la caída de la inversión y la apertura de las importaciones explican una contracción del orden del 15% en la construcción. La industria, en tanto, opera con una utilización de la capacidad instalada del 57%, la más baja desde la pandemia.
“el recorte del gasto primario en torno al 4% del PBI – equivalente a 24.000 millones de dólares – concentrado principalmente en transferencias a las familias, salarios del sector público y obra pública, generó un efecto multiplicador negativo sobre el conjunto de la actividad”, advierte el informe.
El monitor de empresas en crisis elaborado por el Grupo Atenas, liderado por Pollera y Macchioli, relevó 100 casos representativos a nivel territorial y sectorial. De allí surge que más del 50 % de las pymes encuestadas cerraron o suspendieron personal; las medianas recurrieron a despidos parciales; y las grandes redujeron plantillas para sobrevivir. En todos los casos, la causa principal fue la caída de ventas y la pérdida de rentabilidad.
En el AMBA, Córdoba y Santa Fe se concentran los cierres más numerosos, sobre todo en industrias textiles, metalmecánicas y alimenticias. En la región de Cuyo, el ajusto impactó sobre la construcción y los materiales. Mientras que, en el NEA y NOA, el golpe se dio sobre sectores dependientes del consumo local y la obra pública.
Los efectos de la motosierra en Misiones
La crisis que atraviesa la Argentina se refleja más allá de los números de los informes, vemos como golpea con particular fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como el caso de Misiones que tiene un 90% de límites internacionales. El caso más emblemático de la provincia es lo que sucede con el sector yerbatero. La desregulación de la yerba mate y el abandono por parte del Gobierno Nacional de toda política sectorial dejaron al pequeño productor inmerso en un escenario de características dantescas: precios irrisorios para la materia prima, secaderos trabajando al límite, cooperativas endeudadas y tareferos atrapados entre la estacionalidad y la pérdida de programas de apoyo. El producto madre de la provincia sufre las consecuencias devastadoras de un modelo que sostiene que “el mercado solo y sin intervención del Estado” resolverá décadas de asimetrías.
El sector del comercio es otro de los más castigados por la crisis nacional y padece en carne propia los efectos de la recesión. La situación no discrimina ciudades, en todas por igual la postal se repite: locales vacíos, reducción de personal, retiros voluntarios y contratos que no se renuevan ya son parte del paisaje. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, sumado a la caída del turismo de compras y el encarecimiento frente a Paraguay y Brasil se convirtieron en una combinación explosiva de efectos devastadores.
El escenario es por demás complejo y las provincias tienen poco margen de acción: no controlan la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no definen el nivel de salarios y jubilaciones, y por si fuera poco, no reciben las partidas presupuestarias que les corresponden por parte del Gobierno Nacional. En la Era Milei, las transferencias a las provincias cayeron más de 90% y no hay explicación alguna que fundamente la decisión del poder central de retener el dinero que le corresponde a cada distrito.
Pese al complejo contexto económico, Misiones viene intentando, con recursos propios y un manejo eficiente, sostener un modelo que cuide la producción, el empleo y el tejido social frente a una Nación que se retira cada día más de sus obligaciones.
El desafío por delante es enorme e implica una tarea titánica. La resiliencia de las familias misioneras, de los productores, de los trabajadores y emprendedores, no puede seguir siendo la excusa para profundizar un modelo de exclusión desde el país central. Claro está que la salida de esta crisis no vendrá con más ajuste y más desregulaciones.
Mientras tanto, la gente ya empieza a preguntarse ¿Hasta cuándo hay que hacer el sacrificio?
El autor es Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).