La actual conducción del PAMI en Oberá enfrenta cuestionamientos por un caso que expone graves falencias en la atención a afiliados en situación de extrema vulnerabilidad. Miguel Ángel Sánchez, de 67 años, ciego y sin autonomía, continúa sin recibir la cobertura integral que la Justicia Federal ordenó brindar, pese a existir dos resoluciones judiciales firmes que así lo disponen.
La situación de Sánchez refleja un prolongado deterioro de su estado de salud y de sus condiciones de vida. El glaucoma neovascular y la diabetes le provocaron la pérdida total de la visión y la imposibilidad de valerse por sí mismo. Ya en 2022 debió recurrir a la Justicia Federal para acceder a una medicación específica, aunque la demora impidió revertir el cuadro.
Con el paso del tiempo, su vulnerabilidad fue aprovechada por terceros que se comprometieron a asistirlo y terminaron contrayendo préstamos a su nombre, dejándolo en la miseria. Sin recursos económicos, no pudo sostener el alquiler de su vivienda y quedó en situación de calle, sin una respuesta efectiva del sistema de contención social.
Ante ese escenario, fue alojado de manera transitoria en el Hogar de Ancianos de la Municipalidad de Oberá, en Villa Svea. En paralelo, la Defensa Oficial Federal promovió una medida cautelar contra el PAMI, delegación Oberá, solicitando cobertura médica integral y alojamiento permanente, obligación que hasta el momento no se habría concretado.
Al no adaptarse al geriátrico, Sánchez atravesó una crisis y desde el 24 de junio permanece internado en una clínica psiquiátrica. Actualmente se encuentra en condición de alta médica, pero continúa institucionalizado por no contar con un lugar adecuado donde residir ni con la cobertura que le permita continuar su tratamiento de manera ambulatoria.
En septiembre, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al PAMI brindar asistencia psicofísica integral, incluyendo cobertura de alojamiento geriátrico y atención médico-psiquiátrica, bajo apercibimiento de multas. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones, aunque, según indicó el propio afiliado, aún no fue cumplida.
Sánchez tiene dos hijos, uno residente en el exterior y otro en Buenos Aires, quienes no asumieron su cuidado. Así, su situación permanece atrapada entre fallos judiciales incumplidos y resoluciones que no contemplan su realidad cotidiana. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa la actuación del PAMI frente a afiliados que dependen, casi exclusivamente, de la respuesta del Estado para poder vivir con dignidad.