Los diputados nacionales por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz participaron en dos intervenciones clave en el Congreso Nacional, donde expresaron disidencias, plantearon mociones de orden y fijaron posición en el debate por la Ley de Imputabilidad de Menores.
En primer lugar, los cuatro legisladores del misionerismo manifestaron una disidencia al dictamen de mayoría sobre uno de los proyectos en tratamiento, dejando en claro su desacuerdo con algunos puntos específicos de la redacción propuesta.
Posteriormente, Herrera Ahuad impulsó una moción de orden y respeto en el recinto, cuestionando el clima de confrontación que se vivía en la Cámara y la dificultad para escuchar a los oradores. Expuso la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de escucha, especialmente en su caso particular, ya que padece hipoacusia y solo puede oír correctamente a quien tiene el micrófono habilitado. Sus pares misioneros respaldaron el planteo y subrayaron la importancia de sostener un ámbito institucional que permita escuchar todas las visiones antes de fundamentar el voto.
Más adelante, los diputados se refirieron a la Ley de Imputabilidad de Menores como una “ley de grandes oportunidades para la Argentina”, al considerar que apunta a resolver problemas de fondo. Señalaron que, si bien todos los bloques coinciden en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, cada espacio sostiene su propio enfoque discursivo y metodológico.
En ese sentido, mencionaron que países como Chile y Brasil han implementado medidas similares bajo gobiernos de distinto signo político, lo que demuestra que no se trata de una discusión ideológica, sino de una herramienta de política pública vinculada a la seguridad y a la protección integral de derechos.
Los legisladores misioneros insistieron en que la norma no debe limitarse a una mirada punitiva o exclusivamente judicial, sino convertirse en una herramienta para la sociedad, con recursos concretos destinados a la prevención del delito y a la asistencia de jóvenes con problemas de delincuencia juvenil y consumos problemáticos.
Uno de los puntos centrales de su postura fue la necesidad de garantizar financiamiento para la implementación efectiva de la ley. Herrera Ahuad, Arrúa, Vancsik y Ruiz cuestionaron la práctica de aprobar normas sin asegurar previamente los recursos presupuestarios necesarios para que las provincias puedan cumplirlas.
Advirtieron que, en su redacción original, el proyecto no contemplaba la realidad de distritos como Misiones, ya que estaba pensado principalmente para casos resonantes en grandes centros urbanos. Por ello, desde el bloque misionerista trabajaron para incorporar el financiamiento indispensable, sosteniendo que sin ese respaldo económico la ley sería de imposible cumplimiento para las provincias.
Finalmente, aclararon que la iniciativa no busca encarcelar a los menores como primera instancia, sino ofrecer herramientas de prevención y asistencia multidisciplinaria, en línea con experiencias que ya funcionan en Misiones a través de centros especializados que abordan la problemática desde una perspectiva integral.