La designación de Marcelo Gómez, reconocido comerciante de pollo, como nuevo titular del Centro de Atención Personalizada del PAMI de San Vicente, generó una inmediata ola de críticas por parte de profesionales de la salud, vecinos y sectores vinculados a la gestión pública. El nombramiento, oficializado mediante la Resolución N.º 76/2025 y firmado por el subdirector ejecutivo del INSSJP, Carlos Blas Zamparolo, encendió las alarmas debido a la total ausencia de experiencia de Gómez en salud o administración estatal. En un contexto nacional de crisis económica, su llegada a un organismo que brinda atención a miles de jubilados y pensionados reaviva el debate sobre la falta de criterios técnicos en la asignación de cargos públicos estratégicos.
Gómez fue incorporado a la estructura de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, con una jornada laboral estipulada de 40 horas semanales. Sin embargo, su perfil, ligado exclusivamente al comercio minorista, genera fuertes dudas sobre su capacidad técnica para conducir una delegación del PAMI, organismo que cumple un rol estratégico en la salud y el bienestar de adultos mayores. En San Vicente, el cargo implica la gestión de prestaciones médicas, entrega de medicamentos, traslados y asistencia primaria para una población altamente vulnerable.
Este nombramiento se suma a una serie de designaciones polémicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en las que personas sin formación específica ni antecedentes en políticas públicas han sido puestas al frente de dependencias estatales clave. Casos recientes incluyen una influencer sin experiencia en el Ministerio de Capital Humano en Chaco, el hijo de un referente libertario en Desarrollo Social en Corrientes, un exagente inmobiliario como director de un hospital modular en Buenos Aires, y una militante libertaria ocupando un cargo técnico en el PAMI de Salta. Estos episodios reflejan una tendencia que contradice el discurso oficial de meritocracia y profesionalismo.
Todo comienza con la designación, al comienzo de su gobierno, de su hermana la tarotista Karina Milei como Secretaria General de la Presidencia, cuyos requisitos fueron modificados por decreto para sortear la imposibilidad que Karina ocupe el cargo, dado que esa Secretaría exige contar con el título de abogado. Así también se encuentran los casos de tuiteros designados en distintos entes de comunicación -sin contar los que cobran directamente desde la SIDE-, o el cineasta oficial Santiago Oría, a cargo de la propaganda del régimen.
Todo este festival de designaciones sin idoneidad, despidos masivos, fuga de cerebros, redunda en la parálisis del Estado en áreas vitales y afectando la calidad de vida de la población.
El problema no es solo político o simbólico. En organismos como el PAMI, que articula servicios médicos y sociales a personas mayores con necesidades complejas, el impacto de una conducción sin preparación puede ser devastador. Designar a alguien sin conocimientos en salud pública, como un comerciante de pollo, no es simplemente un dato llamativo: es una decisión que puede afectar directamente la calidad del servicio, demorar prestaciones o generar fallas administrativas que perjudiquen a los afiliados.
La falta de criterios técnicos para ocupar cargos en el Estado profundiza la desprofesionalización de áreas clave. A la vez, desalienta a profesionales formados y refuerza una lógica donde el acomodo o la lealtad partidaria pesan más que la capacitación. En organismos sensibles como el PAMI, esto no solo deteriora la gestión: pone en juego derechos fundamentales de las personas mayores.