Por Nicolás Marchiori
Los productores yerbateros tienen una vida muy sufrida, con muchos sinsabores y que está marcada por una batalla permanente en desigualdad de condiciones frente a una bestia magnífica que siempre hizo uso y abuso de su posición dominante para someterlos y darles migajas a cambio de su producción. La industria nunca vio a los productores como un aliado, como alguien a quien hay que proteger por ser el eslabón más débil de la cadena, todo lo contrario, los ve como alguien a quien hay que someter, maltratar y hasta esclavizar. Cuando decimos que la vida de los productores está marcada por una batalla permanente, historia lo confirma: en el año 1935 se produjo la primera gran crisis yerbatera en nuestra provincia, que dio lugar a la creación por ley nacional de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). Con su entrada en vigencia, la cosecha de yerba sólo podía realizarse con la autorización del organismo. A poco de su creación, la CRYM fijó mediante una resolución el pago de un impuesto que obligaba a los colonos a pagar 4 pesos por cada planta que incorporen a sus plantaciones. En medio de una creciente crisis agrícola, a principios de 1936, se llevó adelante una movilización histórica de productores de la zona centro de la provincia que derivó en una feroz represión policial, tristemente recordada como “La Masacre de Oberá”, el 15 de marzo de 1936, con un triste saldo de cuatro colonos muertos según las cifras oficiales, aunque algunos historiadores afirman que la cifra fue mucho mayor.
La CRYM se mantuvo con vida durante décadas, hasta que en el año 1991 se escribió una de las páginas más negras en la historia de los pequeños productores yerbateros de nuestra provincia, ya que el presidente Carlos Saúl Menem y el Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con la complicidad del gobernador misionero de aquella época, Ramón Puerta, quien además ostentaba una posición privilegiada en la industria yerbatera por ser uno de los grandes empresarios dueño de molinos, decidieron ponerle fin a lo que se había constituido en una herramienta vital para evitar desequilibrios en el sector. La desaparición de la CRYM significó el surgimiento de un funesto oligopsonio que sometió a los pequeños productores y los transformó en esclavos de los grandes molinos en manos de unos pocos capangas.
Tal vez pocos recuerdan que en la Argentina de los noventa comandada por Menem en la Nación y Puerta en la provincia casi todas las actividades agropecuarias se desregularon por completo. En 1992 se dio inicio al plan maestro ideado por Domingo Cavallo, quien impuso estas reformas en toda la economía y eliminó, además de la CRYM, la Junta Nacional de Granos y Carnes. Lo cierto es que, desde entonces, ninguna actividad productiva del país revertir esta situación, a excepción de la yerbatera.
Muchos se preguntarán, ¿cómo lo lograron en el sector yerbatero? Hace algo más de 20 años, en mayo de 2001 para ser exactos, los colonos misioneros impulsaron un histórico tractorazo que significó el inicio de la lucha contra los grandes terratenientes y molineros de la provincia, entre los que se destacan Puerta, Navajas Artaza y Urrutia. Esa gesta propició la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una verdadera herramienta en poder de los productores para enfrentar al poder hegemónico y destructivo de los grandes molineros. Desde sus inicios, en un trabajo articulado con el Gobierno Provincial, se ha venido corrigiendo el gran desequilibrio generado por la desregulación de 1992 que hundió en la pobreza a los pequeños productores misioneros. Desde el INYM se llevó adelante una batalla ardua y constante contra los poderosos molineros que persistieron con sus artimañas para no cumplir con los precios que fijaba el instituto para equilibrar la balanza y evitar la concentración económica en manos de los zares de la yerba mate.
El objetivo de este nefasto sector de la industria yerbatera siempre fue, además de pagar menos a los productores por la materia prima, destinar grandes extensiones de tierra para plantar yerba mate y generar exceso de producción con el objetivo de que el precio de la hoja verde se hunda.
El INYM devolvió la dignidad a los productores
El instituto logró posicionarse como un verdadero reivindicador del pequeño productor yerbatero y, al mismo tiempo, demostró su compromiso con los consumidores elevando estándares para garantizar la calidad del producto.
Uno de los hechos históricos fue la firma del convenio entre el INYM y el Gobierno de Misiones con el objetivo de brindar cobertura integral de salud a los productores yerbateros y sus familias. En una primera etapa, benefició a más de 4.500 productores de hasta 5 hectáreas de yerba mate o que cosechaban hasta 25 mil kilos anuales.
Mediante esta cobertura, los productores misioneros pudieron acceder a atención en los hospitales, sanatorios y clínicas privadas que mantienen convenio con el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). El convenio tiene una vigencia por 10 años con la posibilidad de ser renovador automáticamente.
Por otro lado, la calidad de la yerba mate se ha convertido en una de las prioridades, una clara muestra de compromiso con los consumidores del producto. Dan cuenta de ellos los controles que llevaba adelante el instituto, que intervenía e inutilizaba grandes cantidades de palo de yerba mate. Mediante el trabajo meticuloso del Área de Fiscalización se logró preservar la calidad del producto y promover la mejora continua en los establecimientos elaboradores.
Por su parte, el Gobierno misionero, desde el año 2017, tomó la decisión de no cobrar Ingresos Brutos a los productores primarios misioneros, entre los que se encuentran los yerbateros. Esto pudo ser posible luego de la firma del Consenso Fiscal firmado de 2017, que habilitaba a las provincias a aplicar Ingresos Brutos a la producción primaria, y que Misiones decidió no hacer uso de la facultad. La decisión fue explicada en su momento por Hugo Passalacqua: “las decenas de miles de familias de nuestras chacras son el motor de Misiones y necesitan apoyo de un Estado eficiente para allanarles el camino”, manifestó.
Al día de hoy, son más de 15 mil los productores de las chacras misioneras -entre ellos yerbateros- que están exentos del pago de este tributo. Un verdadero acto de justicia si los hay.
Cronología del desmantelamiento del instituto
El tristemente célebre Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 marcó el comienzo de una nueva crisis en el sector yerbatero y una verdadera pesadilla para los productores. Al igual que en la década del ‘90, quienes impulsaron la desregulación lo hicieron sosteniendo que el productor iba a poder vender más. Una gran mentira. La realidad indica que hoy la provincia tiene alrededor de 13 mil productores rehenes de los cada vez más poderosos molineros, una especie de “casta yerbatera”.
En diciembre de 2023, por instrucción del gobernador Passalacqua la Fiscalía de Estado de Misiones presentó una medida cautelar no innovativa con la finalidad de que el Estado Nacional “se abstenga de aplicar en su texto integral el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y, en especial, que se abstenga y/o cese de aplicar, emitir, realizar, resolver y/0 ejecutar toda norma o acto que derive de su vigencia o que fuere dictado en su cumplimiento, en relación a las modificaciones introducidas al texto de la Ley Nº 25.564 de creación del INYM conforme lo dispuesto en los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del Capítulo I de dicho DNU”. Según el planteo esbozado por la Provincia, las modificaciones incorporadas por el DNU 70/2023 en el capítulo referente al INYM dejaba al organismo sin el manejo de recursos y le impedía fijar precios.
El juez federal Alejandro Gallandat, subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, habilitó la feria y dictaminó que al estar involucrada una provincia contra el Estado Nacional debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida sobre la cuestión de fondo: si el DNU es constitucional o no.
Al día de la fecha, no hay una sentencia definitiva de fondo que resuelva si esos artículos del DNU son constitucionales, ni una decisión firme de la Corte Suprema sobre el tema. El expediente continúa en trámite, pero hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo la medida cautelar impulsada por la Provincia de Misiones sigue vigente e impide la aplicación de los artículos del controvertido DNU que recortan las funciones del INYM.
Pese esto, el Gobierno Nacional continuó arremetiendo contra el desmantelamiento del INYM: sin presidente designado, el Instituto dictó una serie de resoluciones que continuaron con la desregulación la actividad como el caso de la Resolución 42/2025 que derogó la Resolución 170/2021, que imponía límites a la cantidad de nuevas hectáreas de yerba mate que los productores podían plantar anualmente (limitaba a 5 hectáreas por año o al 2% de la superficie declara, además de imponer obligaciones de registro y fiscalización). Pero, sin dudas, el golpe más duro vino a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 812/2025, que, dentro de los cambios desregulatorios más importantes, eliminó las facultades que tenía el organismo para fijar el precio de la materia prima.
El día 11 de diciembre, por medio del Decreto 873/2025 que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Ministro de Economía Luis Caputo, se designó presidente del INYM al empresario libertario del rubro de la carne y contador Rodrigo Correa tras dos años de acefalía en el instituto.
Una de las primeras medidas tomadas por el libertario fue el despido de 21 trabajadores del área de control de calidad, justo un día antes de Año Nuevo. Seguidamente, en una reunión de directorio impulsó el aumento del 28% del precio de la estampilla y un incremento del presupuesto para el instituto en más de 8.500 millones de pesos.
Comenzó el año 2026 y el panorama es realmente preocupante. Hace pocos días atrás, más precisamente el 8 de enero, el organismo al mando Correa dictó la Resolución 2/2026 que con la excusa de la “simplificación normativa”, deroga normas vigentes, modifica artículos centrales del Reglamento de Control de Calidad y redefine exigencias técnicas, con impacto directo en secaderos, depósitos y comercializadores de la cadena yerbatera.
El Directorio del organismo presidido por el libertario Correa dejó expresamente aclarado que este proceso no está concluido y que aún resta analizar resoluciones de mayor complejidad.
Hoy la situación es por demás compleja: estando vigente una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos del DNU 70/2023 que tenían por objeto desregular la actividad yerbatera, el Gobierno Nacional decidió designar al presidente del instituto para desmantelarlo desde adentro con resoluciones internas que derogan normas claves. La misión de Correa está clara, su desembarco tiene por fin impulsar la desregulación que quedó frenada tras la cautelar contra el DNU 70/2023. ¿Cómo lo va a hacer? La respuesta es simple y clara: a través del uso de las facultades y funciones establecidas en la misma Ley 25.564 para el Directorio del organismo.
Rebelión en las chacras
Si algo le faltara a este complejo escenario, el consumo de yerba mate en el país está en picada. Según datos del propio INYM a noviembre de 2025, las salidas de molino destinadas al mercado interno cayeron a su nivel más bajo de los últimos años y mostraron una retracción cercana al 19% respecto de octubre. En la comparación interanual, la baja fue aún más marcada, reflejando un freno en el consumo que contrasta con los años previos, cuando la demanda doméstica mantenía un crecimiento sostenido. En números, el mercado interno perdió entre 20 y 30 millones de kilos en relación con los mejores registros de 2022 y 2023.
La combinación de consumo retraído y precios deprimidos profundizó el desequilibrio en la cadena, especialmente para los pequeños productores, el eslabón más débil, que continúan vendiendo por debajo de sus costos.
En contraste, el 2025 quedará registrado como el mejor año de la historia para las exportaciones de yerba mate en Argentina, tanto en volumen como facturación. De acuerdo a los datos, el sector exportó más de 60 millones de kilos por un valor total cercano a los 116 millones y medio de dólares, con un promedio de 1.938 dólares por tonelada (casi 2 dólares por kilo). Mientras tanto, los productores siguen reclamando por un precio justo que debería estar cercano a los 50 centavos de dólar. Con estos datos, la gran pregunta que surge es adónde va a parar esa abismal diferencia entre el valor que le pagan al productor y el valor de exportación.
Uno de los referentes yerbatero, Hugo Sand, explicaba hace poco que la transferencia de ganancias al sector industrial en desmedro de los productores es de unos 200 millones de pesos. Una cifra obscena que causa escalofríos cada vez que pensamos en el sacrificado trabajo que llevan adelante los productores en las chacras trabajando de sol a sol por migajas.
La semana pasada no fue una más y podría ser considerada bisagra en este nuevo capítulo de la lucha encarada por los productores en búsqueda de la dignidad. El pasado viernes tuvo lugar una reunión entre algunos directivos del INYM y un importante número de trabajadores del sector provenientes de distintas localidades de la provincia como Oberá, Andresito, San Pedro, Apóstoles, Jardín América y Campo Grande. El encuentro, marcado por un profundo malestar por parte de los productores y por la ausencia del presidente del INYM Rodrigo Correa, tuvo como eje central la discusión sobre la falta de un precio justo para la hoja verde.
Frente a la ausencia de propuestas y ante el escenario de incertidumbre, los productores y representantes de entidades y cooperativas presentes en la reunión firmaron un acto acuerdo en la cual decidieron emplazar por 14 días hábiles al directorio del instituto, incluyendo a su presidente, para que convoque a una reunión con el único objetivo de definir un precio justo para la hoja verde de yerba mate; y por otro lado, establecer el cese total de cosecha de yerba en toda la provincia hasta que se convoque a la nueva reunión, pero que en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio sobre el precio de la materia prima, se extenderá por tiempo indeterminado. Finalmente, solicitaron la recuperación de todas las facultades del INYM. Los productores consideran que el organismo fue despojado de sus herramientas de regulación y defensa del sector, lo que limita su capacidad de acción, situación que genera marcadas asimetrías en donde los más perjudicados son los productores frente a los molinos que son los grandes ganadores de la desregulación.
Para terminar, cabe recordar que La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, lo que permitió que Diego Hartfield y Maura Gruber se conviertan en legisladores y accedan a la Cámara de Diputados de la Nación. Estos dos representantes de Milei en Misiones hoy brillan por su ausencia, cuando podrían servir de puente con la Nación para hacer llegar el reclamo de los tan castigados productores a Buenos Aires y ayudar a encontrar una solución a la peor crisis de la historia yerbatera de la provincia.
El autor es Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).