Por Aníbal Blasco – Licenciado en Comercialización
Ante la feroz crueldad que se transmite y ejerce desde el gobierno nacional y que cuela en el tejido social como una nueva-vieja costumbre de dirigirse y relacionarse, se profundiza la relación inversa que busca este gobierno anarco-capitalista que pretende suprimir lo más rápido posible las funciones sociales de un Estado presente; ante mayor crueldad es necesaria más presencia del Estado.
Uno de los temas inmediatos que tiene en alerta a una gran parte de la sociedad es el sistema de Salud y que el gobierno mira de reojo ante la apresurada decisión de liberar, ni bien asumió, los precios de las empresas de medicina prepaga, cuestión que afecta directamente a la clase media en su calidad de vida, provoca un estrés altísimo a aquellos con tratamientos crónicos que dependen de mantener saludable su afiliación a una obra social, como a aquellas familias integradas desde abuelos, adultos, y niños que priorizan en su economía doméstica la tranquilidad de estar cubiertos por una prepaga.
En lo que va desde el 10 de diciembre hasta la fecha, las prepagas están anunciando el cuarto aumento consecutivo desde que rige el DNU 70/2023 (que este jueves tuvo rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación), pese a que el presidente Milei en su reciente entrevista con “Chiche” Gelblung expresaba que al último dato de inflación del 13,2% de febrero había que sacarle, entre otros, el aumento de las prepagas porque era “por única vez”. Habría que recordarle al presidente que ya va por el cuarto aumento, 80% en 70 días. En recopilación de declaraciones de funcionarios del ejecutivo se aprecian argumentaciones preocupantes: “Sabemos que el valor de las prepagas es un tema. El sistema de salud está mal diseñado porque, en realidad, la medicina privada no debería existir o debería ser una opción para aquellos que apuntan a algo boutique. Hay toda una discusión de fondo para dar sobre ese tema”, planteó un importante funcionario del Ejecutivo. En ese marco, las fuentes consultadas asumen que “haber liberado el mercado sin haber hecho previamente otras cosas genera un problema”, en referencia al precio del servicio de medicina privada, pero también aclaran que “no hay estructura pública” que pueda servir de contención de todos aquellos que dejen el sistema de prepagas.
La estructura pública como contención
En efecto, dejan en evidencia la importancia de una estructura y estrategia que tome como pilares de gobierno el cuidado integral de la salud. La política sanitaria en Misiones se basa en cuatro modelos que contribuyen al mismo fin: de Atención, de Gestión, de Calidad, y de Financiamiento, tiene 6 Zonas Sanitarias y 19 Áreas Programáticas, en la cual funcionan los 42 hospitales y los 340 Centros de Atención primaria de la salud. Su funcionamiento es bien conocido en cuanto a atención y calidad de su Hospital Público que inclusive en algunos casos escuchados ha logrado indirectamente que algunos misioneros opten por no afiliarse a alguna prepaga dada la calidad de la salud pública en la provincia. Pero, como aducen desde el ejecutivo nacional, ¿Es suficiente la estructura pública para contener a una porción aún más creciente de familias que abandonen coberturas privadas? Y más aún, ¿Es correcto?
Actualmente estamos atravesando un brote histórico de dengue que está siendo absorbido en su gran mayoría por la atención en los hospitales y centros de atención públicos, que, inclusive y más importante, Misiones lleva adelante la campaña de vacunación gratuita contra el dengue en personas de 20 a 59 años, esfuerzo sobre exigido frente a la reducción de fondos nacionales a las provincias.
El objetivo es mantener un Estado más presente frente al avance de un liberalismo que día a día se contradice cada vez más, eso sí frente a este brote histórico no se ven campañas nacionales de opinión pública, desregula el mercado de medicamentos y tampoco llama a reuniones para planificar la temporada de vacunación. Ante esta ausencia del aún Ministerio de Salud de la Nación, la provincia continúa con sus pilares de gobierno frente al feroz y cruel recorte de fondos desde Nación, donde los damnificados directos son las personas, niños y jubilados a la cabeza.
El 35% del ajuste del gasto público en febrero correspondió a un recorte a jubilados y pensionados y en el segundo mes del año, en línea con el mes de enero, los recortes a las transferencias de capital a las provincias cayeron 98,4% y las transferencias corrientes 85,5%. Misiones, por su parte, continúa proporcionando un Estado presente frente al ahogamiento financiero del Ejecutivo Nacional en búsqueda de un virtual equilibrio fiscal que es cada vez más insostenible. El hecho que la estrategia sea no pagar a nadie y no brindar divisas para las importaciones frenando la actividad económica, arroja un equilibrio ficticio, mientras se intenta comunicar logros para los títulos de los diarios, las provincias se encargan de hacer política y estar presentes ante una situación cada vez peor de la gente, el desenlace hasta ahora es la de un Estado Inteligente en beneficio de la ciudadanía.