En los últimos días se han llevado a cabo auditorías a cargo de personal no capacitado en lugares inadecuados para corroborar si ciertas personas tienen alguna discapacidad. La provincia ha sufrido la baja de más de 10.000 pensiones de manera arbitraria. Este accionar se enmarca en un contexto mayor, el de las presuntas coimas de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem con la droguería Suizo Argentina por la compra de medicamentos para discapacitados.
“Nos estamos encontrando con auditorías que se están haciendo de manera irregular en Concepción de la Sierra, en San Ignacio y en otros puntos de la provincia de Misiones, pero nos empezaron a llegar videos, fotos del momento en el cual se estaban haciendo las auditorías, que se estaban realizando en lugares al aire libre, en pleno sol, haciéndoles hacer colas interminables a las personas con discapacidad”, especifica Varela sobre lo que sucede en la provincia y señala que ninguna de las personas que toman los datos, reclamos y demás, “tiene formación médica, de hecho, no sabemos los nombres de cada una de las personas que toman los datos”.
“Las planillas, las notas, que les entregan a las personas con discapacidad que van con el objetivo supuesto de revalidar la pensión que después no saben cuándo y qué va a suceder cuando salen de ahí. Les entregan una nota que ya está firmada desde el inicio, que están puestas todas sobre la mesa, pero ya están firmadas”, detalla la activista y agrega que “no hay ningún personal médico ni nadie del área legal que les revise la documentación, que revise los estudios, la historia clínica y todo lo que se presenta para revalidar una pensión. Es decir, para lo único que los citan es para entregarle una nota que dice que dentro de los próximos 30 días tienen que presentar la documentación actualizada, si no serán pasibles de que la pensión sea cortada de manera inmediata”.
Varela señala que la modalidad de entrega de los requisitos deja muchas personas de lado: contar con internet, las personas ciegas, sordas que no saben leer o con alguna discapacidad cognitiva tampoco son tomadas en cuenta, por ejemplo. “En la provincia de Misiones ya se dieron de baja 10.000 pensiones no contributivas de manera arbitraria, con un procedimiento que se supone que debe ser cumplido mediante cartas documento y, en ese sentido, ya empezamos desde el inicio con un procedimiento inaccesible”.
“¿Qué pasa con las personas con discapacidad múltiple que no puedan trasladarse a los lugares para hacer la pensión o para hacer el revalidar la pensión? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad cognitiva?”, profundiza y subraya que “hay veces que la discapacidad no se ve, pero no significa que no exista”.
El escándalo de las presuntas coimas en ANDIS
Las presuntas dádivas pedidas por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem para la compra de medicamentos para personas con discapacidad han revelado un audio que impacta de lleno en la problemática reseñada: es una conversación entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, donde el primero sugiere dar de baja la totalidad de las pensiones no contributivas, mientras que el segundo propone un plan similar al que se lleva a cabo en la actualidad; revalidar las pensiones de la manera más incomoda posible para los beneficiarios, es decir, propiciando traslados incomodos en cortos plazos de tiempo, exigiendo una larga cantidad de trámites en pocos días, etc.
Otro punto de importancia es que el último acuerdo firmado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional que supone un desembolso de 20.000 millones de dólares -de los cuales ya se transfirieron más de la mitad- incluye como requisito, además de las reformas previsional y laboral, un abrupto descenso en la cantidad de pensionados por discapacidad. Todo en pos de satisfacer una planilla de Excel que no hace mayor diferencia.
“Quien recibe una pensión no contributiva por invalidez, no puede trabajar en blanco porque es incompatible y una pensión tiene un valor que no llega a los 300.000 pesos”, detalla Soledad Varela.
Un proceso irregular
“Cuando te cortan la pensión no contributiva, el paso siguiente es que vos me tenés que mandar un mail avisando del corte de tu pensión. Justamente, enviando vía mail toda la documentación que respalda tu discapacidad, tu patología y ahí esperar que desde la Agencia Nacional de Discapacidad te respondan, verifiquen tus datos, chequeen toda la documentación que enviaste y vuelvan a revalidar el trámite”, enumera Varela los pasos a seguir en caso de corte de una pensión no contributiva por discapacidad y añade que “en la mayoría de los casos, la gente cuando va a cobrar se da cuenta que no tiene los fondos. Y ahí reclaman”.
La demora entre reclamo, estudio de caso y el eventual restablecimiento es de varios meses, para personas que no pueden darse el lujo de estar ese tiempo sin ingresos. Más aún cuando la quita es arbitraria, como en la actualidad. Asimismo, señala la militante, que ni el mail, ni el teléfono, el chatbot o la página web brindan ningún tipo de respuesta.
Cinco mil setecientas pensiones se dejaron de pagar en julio de este año en la provincia y aún no han tenido respuesta.
Otros recortes
“Hemos tenido, por los recortes de Nación, disminución en tratamientos, en medicaciones. Esto es lo que lo venimos sufriendo desde que se empezaron a hacer las auditorías, desde que este gobierno nacional asumió, porque realmente el ataque que sentimos hacia el sector es de manera sistemática desde que han asumido y han acentuado el ajuste, lamentablemente, hacia este este sector y la verdad es que no entendemos por qué”, lamenta Varela.
Con el argumento del déficit fiscal -al igual que con los jubilados, educación, salud, pediatría, y tantos otros casos más- se avanza, pero claro, se garantiza el pago millonario en materia de bonos, letras, dólar futuro y todo tipo de instrumentos financieros.
“Nunca estuvimos en contra de ninguna auditoría, siempre que sea de manera prolija, responsable, accesible y transparente, cosa que no sucede”, argumenta.
El amparo judicial presentado por Misiones
La provincia interpuso un recurso judicial que “lo que intenta es frenar justamente las bajas de las pensiones no contributivas por invalidez laboral pidiendo que este procedimiento sea accesible, sea transparente, que se vuelvan a revisar las pensiones que han sido dadas de baja y que han enviado la documentación correspondiente, que se las reactiven inmediatamente, porque estamos hablando alrededor de 10.000. También es imperiosa una rápida respuesta, dado que nos referimos a personas que, en muchos casos, tienen a la pensión como única fuente de ingreso”.
Finalmente, Soledad Varela expresa que, mientras tanto, “la provincia de Misiones lo que viene haciendo es acompañando con recursos propios y realmente tratando de dar las mayores respuestas posibles a todo un colectivo de personas con discapacidad que es muy grande y que se encuentran con diferentes realidades y diferentes situaciones”.