El atraso masivo en el pago de los alquileres no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de un derrumbe económico que achica salarios, dispara gastos y deja a miles de familias sin margen para cumplir con obligaciones básicas. Hoy, lo que antes era excepcional —“un inquilino atrasado, dos como mucho”— se convirtió en un fenómeno estructural que afecta a viviendas, loteos y locales comerciales. Inmobiliarias de Posadas describen una mora “como no se veía hace muchísimo tiempo”, reflejo de un mercado sobreofertado y una demanda aplastada por la pérdida de ingresos reales.
El quiebre también se explica por el efecto combinado de la inflación persistente, la recesión y los cambios normativos tras la derogación de la Ley de Alquileres. Con ingresos que no acompañan las subas, los inquilinos priorizan comida, deudas o gastos urgentes, y relegan el alquiler. En este contexto, Julio González, de Garupá Propiedades, sintetiza el cambio histórico: “Antes del día 10 todos pagaban; ahora muchos llegan al final del mes o directamente pasan al siguiente esperando el aguinaldo”. Incluso edificios completos reportan por primera vez que todos sus inquilinos pagaron tarde.
Al mismo tiempo, la oferta de alquileres creció con fuerza mientras la demanda se desplomó. Julia Acosta Azoya, de Inmobiliaria del Oeste, afirma que hoy hay disponibilidad “como no se veía en décadas”. Según detalla, los estudiantes están dejando departamentos, las familias se achican para poder sostenerse y la periferia se convirtió en la zona más golpeada, con trabajadores que ya no pueden mantener ni un alquiler básico.
La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23 profundizó un escenario ya complejo. Para muchos inquilinos implicó quedar expuestos a aumentos, contratos más cortos y nuevos gastos. Acosta Azoya sostiene, sin embargo, que la desregulación permitió acuerdos más flexibles y una mayor oferta, y remarca que “el problema no es la liberación del mercado, es el poder adquisitivo: la gente no tiene plata”.
Ese deterioro económico es el núcleo del derrumbe: salarios estancados, paritarias del 1% mensual, inflación todavía alta, consumo deprimido y recesión generalizada. Relevamientos recientes indican que más del 60% de los inquilinos arrastra deudas y más de la mitad alquila sin contrato. En miles de hogares la ecuación se volvió extrema: o se paga el alquiler o se come.
La consecuencia es visible en la calle: hacinamiento, mudanzas forzadas, estudiantes que regresan a sus pueblos, jubilados que vuelven con sus hijos y familias monomarentales que ya no logran soportar aumentos. Incluso los alquileres comerciales retroceden, con locales vacíos y corredores debilitados. El mercado inmobiliario misionero ya no está “tenso”: está roto. Y el atraso extendido en los pagos es hoy la señal más clara de una crisis que empuja a miles hacia el desalojo económico.