Lo que ocurre por estas horas en Caraguatay puede leerse, para muchos actores locales, como una suerte de “muestra gratis” de lo que sería un gobierno de La Libertad Avanza en municipios y en la provincia. En medio de una crisis institucional, las primeras decisiones de la intendencia interina ya muestran un impacto concreto: recortes de personal y la interrupción de servicios esenciales como la recolección de residuos, lo que genera inquietud no solo por sus efectos inmediatos en el municipio, sino también por lo que podría anticipar en términos de empleo estatal —incluidos trabajadores municipales, provinciales y docentes—. A esto se suma que, según información surgida internamente, esos recortes no serían tales en términos reales, ya que se denuncian ingresos de nuevas personas vinculadas al espacio político de la actual conducción.
La situación se desencadenó tras la asunción de la intendenta interina Norma Graciela Gularte, quien tomó el mando luego de que el jefe comunal Mario Peyer solicitara licencia en medio de una denuncia por abuso sexual. En ese contexto, lo que en principio debía ser una transición administrativa acotada comenzó a mostrar señales de reconfiguración interna más profunda.
Uno de los hechos más visibles fue el despido de la directora de Acción Social, Nancy Lezcano, notificada bajo el argumento de “cambios estructurales en la administración municipal”. La exfuncionaria cuestionó la medida, aseguró que no recibió explicaciones claras y denunció irregularidades en el procedimiento, afirmando incluso que no firmó la notificación y que continuará en funciones.
Desde el Concejo Deliberante, su presidente expresó preocupación por el clima interno y describió la situación como una posible “cacería de brujas”. En paralelo, los ediles avanzaron con una resolución para intentar garantizar la estabilidad laboral de los empleados municipales ante el temor de nuevas desvinculaciones, en un contexto donde no hay confirmación oficial de despidos masivos, pero sí versiones sobre revisiones en la estructura del personal.
La crisis también comenzó a sentirse en la vida cotidiana de los vecinos. La Municipalidad informó la suspensión temporal del servicio de recolección de residuos por problemas operativos vinculados al acceso a equipamiento, lo que derivó en la acumulación de basura en distintos puntos de la localidad y encendió nuevas alarmas sobre la capacidad de gestión en medio del conflicto.
A este escenario se suman denuncias sobre supuestos ingresos de personas vinculadas políticamente a la nueva conducción, lo que alimenta sospechas de recambio de personal con criterios partidarios. Mientras la investigación judicial sobre el intendente continúa y el plazo de su licencia es limitado, en Caraguatay crece la incertidumbre: trabajadores municipales, al igual que otros sectores estatales, observan con preocupación cómo una crisis política empieza a traducirse en consecuencias concretas sobre el empleo y los servicios esenciales.
