El gobierno nacional adelantó que vetará tanto esta Ley como las demás aprobadas este jueves.
La importancia de esta Ley, que a nivel provincial tiene un desarrollo importante, con un organismo puntual y con acciones concretas, a nivel nacional viene bastante afectado.
El gobierno nacional virtualmente ha abandonado la asistencia económica a las personas con discapacidad y, lo que es peor, generó un ámbito de trámites más burocráticos, más pesados para una persona con discapacidad, como por ejemplo ir a revalidar con análisis clínicos, médicos o presenciales, su condición de discapacidad.
Este tipo de trámites tan densos generan un efecto psicológico, tanto en la familia como en la persona que padece discapacidad.
La situación en Misiones
La provincia agilizó mucho los trámites a través del Consejo Provincial de Discapacidad, hay un área que depende de la vicegobernación, fue creada hace muchos años y lo que se busca es ir agilizando los procesos para simplificarle la vida a la persona que está al cuidado de alguien con discapacidad o a una persona que tiene discapacidad y hace sus trámites de manera personal.
Los votos de los senadores renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut han sido claves en términos de sensibilidad humana, cuestión que se debate en la arena política local: la humanización de la política.
Es ínfimo el gasto en relación a lo que contribuye a la calidad de vida de estas personas, no todo puede ser material descartable en pos del equilibrio fiscal.
Se trata de resolverle la vida a una franja importante de la población que no la pasa bien y que necesita certezas. Cuando uno tiene un familiar con algún inconveniente de salud, lo que necesita es certeza, saber que va a tener la medicación, que va a tener la atención, que va a tener la documentación. El CUT -Certificado Único de Discapacidad-, por ejemplo, es algo elemental para acceder a beneficios para electrodependientes o al boleto gratuito.
¿Que se votó?
Por unanimidad, con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad, un proyecto largamente esperado por las organizaciones del colectivo. El nivel de consenso alrededor de la iniciativa fue similar al que había obtenido hace un mes en la Cámara de Diputados, donde superó cómodamente los dos tercios. Las familias, las ONG y los profesionales del sector acompañaron la sesión desde la calle para visibilizar –como tantas otras veces desde la llegada de Javier Milei a la Rosada– la crisis que atraviesan. La norma, entre otros puntos, establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace siete meses; y corrige las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a las pensiones por invalidez. Todo con un costo fiscal de entre el 0,2 y el 0,4 por ciento del PBI, según estableció la propia Oficina del Presupuesto del Congreso. Aun así, el Presidente ya avisó que la vetará, como hará con todo el paquete aprobado este jueves en la Cámara alta.
Los prestadores de salud y educación celebraron el resultado y pidieron “sensibilidad” al Presidente ante el posible veto, del que depende en buena parte su subsistencia.