En una auditoría sobre el préstamo de 57.000 millones de dólares que se le dio a Macri, el FMI reconoció que el programa «se descarriló».
El Fondo Monetario Internacional publicó su Evaluación Ex Post (EPE por sus siglas en inglés) del mega crédito que en 2018 le dio a la Argentina con algunas críticas fuertes al programa económico de Macri y otras más sutiles. En su conjunto, consideraron que no fue «suficientemente robusto» el conjunto de políticas adoptadas para los objetivos propuestos.
Enterados del contenido del reporte, en el actual gobierno de Alberto Fernández, destacaron que las críticas van «más allá» de lo que se podía esperar del organismo, pero igualmente «se quedaron cortas», según dijeron a LPO fuentes oficiales.
Como sea, entre las principales críticas -o autocrítica- el FMI reconoce que el programa diseñado falló en regenerar la confianza de los mercados y por eso, el gobierno de Macri debió reestructurar la deuda en pesos para reducir las grandes necesidades de financiamiento de corto plazo.
El informe gestionado bajo la actual presidencia de la búlgara Georgieva Kristalina, viene a poner en blanco sobre negro los cuestionamientos internos a la política diseñada para la Argentina por su antecesora, la francesa Christine Lagarde, que fue determinante para la permanencia de Nicolás Dujove al frente del Ministerio de Economía, aún cuando ya estaba claro que el programa había fracasado.
Tan evidente fue el fracaso que luego de la salida de Lagarde, también fueron desplazados los dos máximos responsables del caso argentino, el mexicano-argentino Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental y el italiano Roberto Cardarelli, jefe de la misión argentina.
A la vez, admite que el programa no alcanzó a frenar la fuga de capitales y que, por tal motivo fue necesario volver a instaurar un control de capitales o cepo, lo que sugiere que el organismo reconoce que parte del crédito de 44.000 millones de dólares se destinó a financiar la salida masiva de inversiones especulativas.
En un tono más sutil, la evaluación da cuenta de que la política monetaria por sí sola fue insuficiente para bajar la inflación y que otras políticas como la coordinación de precios e ingresos para bajar las expectativas inflacionarias podrían haber sido un complemento adecuado, pero éstas no fueron consideradas adecuadas por el equipo económico del gobierno anterior.
En suma, el reporte concluye que «el programa no satisfizo los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad externa y fiscal al tiempo de cobijar el crecimiento económico. El programa se descarriló en agosto de 2019 con solo cuatro de las doce revisiones planeadas completadas por el Directorio Ejecutivo», sintetiza el trabajo del FMI.
A su vez, el trabajo destaca que «los directores (del organismo) notaron que ciertas líneas rojas del Gobierno para con ciertas políticas habrían hecho descartar medidas potencialmente críticas para el programa. Entre ellas, las operaciones de deuda y el uso de medidas de restricción al flujo de capitales. Otros directores, por el contrario, cuestionaron la factibilidad de implementar dichas medidas cuando uno de los objetivos clave era restaurar la confianza de los mercados. Los directores reconocen que el énfasis en la «ownership» (apropiación del diseño de las políticas) del Gobierno puede haber conducido a pronósticos excesivamente optimistas que debilitaron la robustez del programa», agrega el texto, en un cuestionamiento directo a la gestión del entonces ministro Nicolás Dujovne, un protegido de Lagarde.
Este trabajo es un paso administrativo necesario para que el Gobierno pueda avanzar en un nuevo acuerdo con el FMI, pero no tiene implicancias directas sobre su contenido. Estrictamente, es un informe de rutina que realiza en organismo para todos los créditos de acceso extraordinario -como fue el de Argentina con un monto prestado superior a 1200 veces la cuota- que hayan terminado en fracaso. Sus autores son siempre miembros del staff técnico del organismo que dispone la gerencia del organismo para revisar el trabajo de sus pares en otra región del mundo. Esta vez, el turno de auditar fue de Odd Per Brekk, el economista noruego que lleva años frente a las cuestiones asiáticas.
A la luz del distanciamiento del FMI respecto del plan económico de Macri, el Gobierno de Alberto Fernández emitió su propio comunicado en el que expresa su visión respecto del informe y lo que efectivamente significó el crédito Sand By. Para el equipo de Martín Guzmán, la crítica del staff al programa de 2018 se queda corta. En primer lugar, coinciden en que fue un fracaso porque no cumplió con ninguno de los objetivos de estabilización propuestos: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables, fortalecer el marco para reducir la inflación y disminuir las tensiones en la balanza de pagos.
En segundo lugar, en el Gobierno consideran que el programa fue erróneo porque altera causas y consecuencias en el diagnóstico de los problemas estructurales que enfrentaba al país en la medida en que niega que la restricción externa es la causa que llevó a la Argentina a una crisis de balanza de pagos y no al revés.
Es más, para el actual gobierno peronista lo que sucedió fue que el FMI financió un programa para atender las necesidades políticas de Macri para evitar a toda costa que tome dos medidas impopulares: el default de una deuda insostenible y el regreso del control de capitales, algo que pese al desembolso de 44.000 millones de dólares, finalmente no pudo evitar sobre el final de su mandato, cuando Hernán Lacunza reemplazó a Dujovne.
Desde esta óptica, no se atendieron las necesidades económicas del país para salir de una crisis de balanza de pagos, sino que el endeudamiento fue a garantizar la salida de capitales de fondos de inversión, «en buena medida de amigos de los ex socios privados de los miembros del equipo de Gobierno», afirmaron a LPO fuentes del Gobierno.
En última instancia, para el equipo de Guzmán el crédito Stand By cubrió los intereses de fondos de inversión cercanos al macrismo, al tiempo que mediante la violenta suba de la tasa de interés se aplicó un programa de darwinismo social que lesionó la estructura productiva y dejó demostrado que el ajuste fiscal y la suba de tasas no son el camino para la estabilización macroeconómica, sino todo lo contrario porque lesionan la capacidad de crecimiento estructural y profundizan los desequilibrios en las cuentas públicas.
De ser el camino para la estabilización macroeconómica, sostienen Guzmán y su equipo, el gobierno de Macri no habría necesitado reinstaurar el cepo ni reestructurar la deuda en pesos y dejarle al siguiente la tarea de reestructurar también la deuda en dólares. Y lamentan que a lo largo de las cuatro revisiones que hizo el FMI para otorgar nuevos desembolsos se insistiera con la misma receta.
En este sentido, una parte del equipo de Guzmán alberga la esperanza de que una vez conocido esta EPE, el Directorio del FMI convoque a una investigación independiente a cargo de la IEO (Independant Evaluation Office, organismo que responde directamente al Directorio y no pasa por la burocracia del FMI) para que haga un análisis más detallado de las razones del fracaso del crédito del 2018 y esto no se repita con otros países.
Y de hecho, aclaran que algunos directivos del organismo ya habían compartido con el Gobierno sus notas sobre la EPE y la conveniencia de un análisis más a profundidad. Sin embargo, señalan que un análisis así puede demorar de dos a tres años, por lo que de ninguna forma altera el contenido de las negociaciones actuales. «No es vinculante», aseguraron.
En efecto, estas expectativas de los directores fueron explicitadas en el reporte del Fondo al decir que: «Muchos directores consideraron que una evaluación del Stand By de 2018 con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría complementar los hallazgos de la EPE. Y aunque se siguió el Marco revisado para el Acceso Excepcional, notaron que que la aplicación de los criterios de sostenibilidad de la deuda, acceso a los mercados y capacidad para la implementación del programa no fue lineal y se redujo a juicios de valor prácticamente empatados».
En el otro punto en el que la EPE le dio la derecha a los planteos de Guzmán y su equipo es en la convicción de que sería conveniente redefinir con claridad el concepto de «ownership» de los programas. Todavía más, el Gobierno cree que sería necesario redefinir el criterio de adecuación al artículo 6 del Convenio Constitutivo del FMI. El objetivo ulterior es que no baste con las firmas del banquero central y el ministro de Economía para satisfacer este criterio, sino que también involucre el aval del Congreso y la sociedad civil, de forma de garantizar que la deuda pública no se utilice con fines político-partidarios por un gobierno de turno, explicaron a este medio. Una respuesta directa a la información que el crédito fue empujado por Donald Trump para favorecer la reelección de Macri, objetivo que igual no se alcanzó.
Entre las lecciones que dejó la EPE a los Directores del FMI, el organismo destacó, entre otras, que es «esencial» incorporar supuestos realistas y que los programas se diseñen de acuerdo a las circunstancias de cada país «incluyendo consideraciones de economía política que pueden involucrar el uso de medidas no convencionales cuando las políticas macroeconómicas estándar difícilmente puedan aplicarse».
Además consideraron que es necesario que el acceso extraordinario a sumas de dinero por encima de la cuota sea mejor explicado y consultado con los Directores del organismo. Al tiempo que señalaron que la «ownership» de los programas «sea entendida en un sentido societario amplio sin imposibilitar la evaluación de mejores elecciones de política y resultados del programa».
Fuente: LPO.
