El debut de Rodrigo Correa, miembro de La Libertad Avanza, al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó al descubierto una contradicción tan profunda como incómoda: en su primera reunión de Directorio impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera, que pasa de 25 a 32,12 pesos por kilo, y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos para un organismo al que el propio Gobierno nacional que él representa le quitó las principales herramientas para defender a los productores. La decisión implica $7,12 más por cada kilo, es decir $7.120 adicionales por tonelada y millones de pesos extra para la cadena yerbatera, en un contexto de crisis. Mientras el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prometía eliminar la estampilla y vaciar de regulaciones al sector, Correa eligió reforzar la recaudación. Con el INYM impedido de fijar precios y ordenar el mercado, la pregunta empieza a circular con fuerza: ¿para qué se recauda tanto dinero si el Instituto ya no puede proteger a nadie?
La medida fue definida en la reunión del Directorio del jueves 18 de diciembre, la primera encabezada por Correa tras su designación formal el 11 de diciembre, mediante el Decreto 873/2025. Allí se aprobó formalmente la suba de la tasa de fiscalización por kilo de yerba mate, consolidando la medida que impacta directamente en toda la cadena productiva.
El proyecto será ahora elevado a la Secretaría de Agricultura de la Nación, que deberá decidir si convalida esta suba impulsada por un organismo cada vez más cuestionado por su rol real.
El argumento oficial es que la estampilla estaba congelada desde septiembre de 2023 y que los costos del Instituto aumentaron. Sin embargo, el dato político es otro: Correa prioriza sostener la caja del INYM antes que aliviar al sector, en un contexto donde combustibles, salarios y logística ya empujan a productores y tareferos al límite. La suba no cubre toda la inflación acumulada, pero sí garantiza una recaudación inmediata y creciente.
En paralelo, el Directorio avanzó en la discusión de un Presupuesto 2026 cercano a los 8.500 millones de pesos, confirmando que el aumento de la estampilla no es un hecho aislado. La paradoja es evidente: un Instituto con recursos millonarios, pero sin capacidad para fijar precios, ordenar el mercado ni frenar el derrumbe del productor, tras la desregulación impulsada por el propio Gobierno nacional.
La contradicción con Federico Sturzenegger es frontal. El ministro había celebrado la quita de facultades del INYM y había anunciado la eliminación de la estampilla como un logro de gestión. Un año después, el organismo conducido por un presidente designado por ese mismo espacio político hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta, incluso cuando ya no puede cumplir el rol para el que fue creado.
Todo esto ocurre en medio de una crisis profunda. La desregulación provocó una caída superior al 50% en el precio de la hoja verde, los productores llevan adelante un paro por cuatro meses, y los tareferos sobreviven con pagos atrasados y valores de miseria. A esto se suma una caída del consumo interno cercana al 9% interanual, según datos oficiales del propio INYM.
Así, la gestión de Rodrigo Correa arranca marcada por un mensaje claro y contundente: más impuesto, más recaudación y menos defensa del productor, incluso a costa de dinamitar el relato libertario que prometía alivio y desregulación. Con un Instituto vaciado de funciones pero lleno de fondos, la pregunta ya no es cuánto recauda el INYM, sino qué hace —o qué piensa hacer— con la plata.