Por Fiorella del Piano
La provincia dotará de herramientas al presidente de la Nación y no pondrá trabas para que pueda desarrollar su plan económico. Además, la semana dejó intensas negociaciones en cuanto a la protección de la producción de yerba mate y actualizaciones salariales para agentes del Estado.
Luego de finalizadas las intervenciones de los expositores en el Senado de la Nación, con el dato llamativo que el oficialismo no invitó a nadie que defienda su proyecto, la Cámara Alta se apronta a tratar de conseguir dictamen y encaminar la votación, con un marcador cerrado. El apoyo de los senadores renovadores puede ser la clave para la aprobación del proyecto. Fuentes provinciales adelantaron que la provincia no pondrá obstáculos para que el presidente de la Nación tenga las herramientas necesarias para moldear la economía del país según su perspectiva. Por lo tanto, nuevamente se pondrá en práctica el espíritu colaborativo que ensaya el Frente Renovador desde su fundación, es decir, privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para arribar a la solución de conflictos sociales, económicos y políticos.
Quien analizó esta problemática el último jueves, antes de la tercera sesión legislativa del año, fue el conductor de la Renovación Carlos Rovira junto a un grupo de dirigentes, diputados y jóvenes de la Renovación Neo. Con el objetivo de “rejuvenecer a la renovación” a través de nuevas ideas y energías, el ex gobernador sumó al Frente a jóvenes libertarios que encontraron un espacio ordenado y eficiente para participar y desarrollar sus ideas. Ya se ha consolidado que el FR ubique a jóvenes en lugares con poder de decisión.
Del mismo modo, es realmente un espacio inclusivo para actores provenientes de diversos partidos políticos, emprendedores, empresarios y militantes de todo tipo que tengan la voluntad de trabajar para el desarrollo de sus comunidades y de la provincia en su conjunto mediante las doctrinas centrales de autonomía política, austeridad y cercanía con la gente, pilares renovadores desde su fundación.
Una a favor de la producción yerbatera
La catástrofe para el sector que significó la destrucción del INYM, la desregulación de la actividad y la importación de materia prima desde Brasil y Paraguay, todo promovido por el gobierno nacional, esta semana tuvo una buena noticia: el poder judicial de la provincia dio curso a un amparo y suspendió el ingreso de yerba canchada, molida y en paquete hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El argumento central es que podría existir riesgo para los consumidores a raíz de la presencia excesiva de materiales pesados y por el daño a la economía de los productores misioneros.
En paralelo, el Gobernador Passalacqua solicitaba al gobierno nacional precisamente lo mismo, detallando que el de la yerba es un mercado imperfecto con escasez de compradores y abundancia de compradores, por lo que los cinco industriales más grandes ostentan una posición dominante ante los 13.500 productores, por lo que la intervención reguladora del Estado es fundamental.
En busca del orden social
El conflicto policial/penitenciario escaló más de la cuenta debido a la acción desmedida de retirados de ambas fuerzas, instigados por dirigentes opositores que intentan aprovechar el río revuelto para generar una desestabilización del gobierno provincial. El argumento principal de esta hipótesis es que la protesta recrudeció luego del anuncio de un incremento salarial para los distintos agentes del Estado: policías, penitenciarios, docentes, personal de salud pública, entre otros.
No debe perderse de vista el brutal ajuste recesivo encarado por Caputo y cía., que conlleva la caída de la actividad, el consumo, las ventas, la recaudación tributaria, la coparticipación de impuestos. Así como el ahogo al que se ven sometidas las provincias con la casi paralización de transferencias no automáticas, junto a otros programas como el FONID (reemplazado rápidamente por la provincia a través del FOPID). Este deterioro profundo y constante de la economía debe buscarse fronteras fuera de Misiones.
El vandalismo, hurto y otros delitos cometidos por miembros retirados de las fuerzas únicamente deja en evidencia a ese sector, que no recibió apoyo de policías en activo, que continuaron con su tarea en las distintas dependencias policiales del territorio misionero. Los hechos mencionados conllevan pérdidas millonarias al Estado (robo de vehículos, radios, toma de instalaciones), que ya ha efectuado una denuncia por sedición y prepara otras por robo y destrucción de bienes del Estado, así como una demanda de los comerciantes de la Avenida Uruguay de Posadas por caída de ventas o lucro cesante. En ese marco se inscribe la decisión nacional del envío de gendarmes para hacer cumplir la orden de desalojo.
Al mismo tiempo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han expresado su enérgico repudio a estos hechos que, “además de ser una clara violación de las normas y regulaciones que rigen el comportamiento de las fuerzas de seguridad, constituyen un acto de sedición que atenta contra los principios democráticos y el Estado de derecho. La sedición, definida como la incitación al desorden y la rebelión contra la autoridad establecida, representa una seria amenaza a la paz y estabilidad de la sociedad. La alteración del orden público causada por estos actos genera un clima de inseguridad y temor entre los ciudadanos, quienes confían en las instituciones y en las fuerzas de seguridad para garantizar su protección y bienestar”, expresaron los poderes.
En suma, el gobierno continúa con su predisposición al diálogo siempre en un contexto de paz social y orden institucional. Con violencia, más aún si proviene de parte de quienes han jurado defender el Estado de Derecho, la seguridad y la paz social; es imposible arribar a acuerdo alguno.