El ajuste de enero fue el más fuerte de los últimos 30 años, incluso mayor que el que se produjo durante la caída de Fernando De la Rúa.
Milei se siente orgulloso por el ajuste del gasto público que lleva cabo, señala que “nadie lo hizo” anteriormente. Este orgullo tiene datos que lo respaldan, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expresa que el recorte alcanzó al 39,4% en términos reales, una cifra que no tiene comparación desde 1994.
IARAF indica que 15 de los 16 componentes del gasto tuvieron caídas. En su informe el Instituto detalla que “los rubros que mayor caída real tuvieron fueron transferencias de capital a provincias (- 98,3%), subsidios a otras funciones (-92,2%), inversión real directa (-81,2%), subsidios a la energía (-77,2%) y transferencias corrientes a provincias (-72%)”.
Pero, desde el punto de vista de la importancia que tienen en la estructura del gasto, los rubros que más se achicaron fueron jubilaciones y pensiones contributivas (- $885.074 millones), subsidios a la energía (-$366.451 millones), inversión real directa (-$321.474 millones) y transferencias totales a provincias (-$310.781millones).
“Entre los cuatro aportaron casi $1.883.000 millones a moneda de enero 2024, es decir el 70% del total ahorrado”, explica el informe.
En términos históricos, el recorte del gasto de enero de 2024 es el más profundo desde 1994. El siguiente ajuste que le siguió en importancia fue en marzo del 2003, con el 29,2%.
El ajuste que se está haciendo ahora por parte del gobierno libertario es más profundo incluso que el que se llevó a cabo en diciembre del 2001 en plena crisis terminal de la convertibilidad. En el mes de la caída de Fernando De la Rúa con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, la caída del gasto fue del 20,8% interanual.
Según marcan los datos oficiales del Sector Público Nacional de enero, sobre un total de $2 billones de superávit primario registrado en el primer mes del año, las jubilaciones aportaron un recorte de $890.000 millones, lo que equivale al 45% del resultado.
Ajustar en un contexto recesivo
Más allá del festejo oficial, debe recordarse que enero siempre presenta -por cuestiones estacionales- un bajo nivel de ejecución del gasto, lo cual repercute en el resultado fiscal. Para graficar la cuestión, valga señalar que en seis de los últimos diez años, pese a que en enero se registró superávit primario -antes del pago de intereses de deuda-, el año terminó en déficit.
Otro ítem de alerta para el gobierno nacional debería ser la caída constante que viene sufriendo la población argentina en cuanto a su poder adquisitivo. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2023 el poder adquisitivo del empleo registrado cayó un 25%, el informal cerca del 30% y el salario mínimo un 28%.
Luego de la brutal devaluación ejecutada por Caputo a pedido de Milei la inflación se aceleró fuertemente con índices por encima del 25% en diciembre y del 20% en enero. Claro que los ingresos no se actualizaron con la misma velocidad, por lo que el salario registrado se redujo 23% en solo dos meses. Si, en dos meses perdió casi la misma capacidad de compra que en seis años. Las jubilaciones también sufrieron una fuerte poda, 14%, por el efecto paliativo de los bonos.
Los efectos del ajuste no terminan allí, el incremento abrupto de la pobreza, que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ubica arriba del 57%, es fruto de estas decisiones de política económica.
Para finalizar, debe mencionarse que la caída de ingresos también repercute en la retracción del consumo y la producción, que afecta a la actividad económica en su conjunto. Las ventas minoristas se redujeron 29% en enero respecto del mismo mes del año anterior; la construcción un 28% y la producción de autos, 17%. Estas contracciones son muy elevadas, solamente superadas por lo ocurrido durante la pandemia.
El plan motosierra no solo puede tener un freno desde el plano social, por la conflictividad y la puja distributiva sino desde el mismo plano fiscal. Por lo anteriormente comentado se deduce que el gasto público es un componente muy importante dentro del PBI, por lo que la reducción del mismo contribuiría a la caída de la actividad y el empleo, con el consecuente impacto en la recaudación. Así la meta se alejaría cada vez más, necesitando un ajuste aún mayor.