Por Germán Galarza
La reactivación económica prometida por el gobierno nacional está lejos de suceder. Recesión prolongada, actividad económica en baja, aumento en el costo de vida, salarios pisados, incendios que consumen la mitad de la Patagonia, son algunos de los acordes del rock que ensaya Javier Milei.
Los últimos días del primer mes del año sirven para graficar la situación argentina: ajuste sin fin ni propósito virtuoso alguno, recesión prolongada, cierre de fábricas y comercios, despidos, caída del consumo, retención indebida de recursos de las provincias, nuevas promesas que reemplazan a las anteriores incumplidas. El programa económico de Milei y Caputo no despega -básicamente se trata de apostar al crecimiento de los sectores de energía y minería, así como al crecimiento económico vía el crédito- y las consecuencias se sienten en toda la geografía nacional: distritos aliados, opositores, provincialistas.
Por ejemplo, Corrientes -jurisdicción que registró el porcentaje más alto del país de muertes infantiles en 2025-, provincia aliada a Nación y elogiada por el establishment argentino debido a su estructura tributaria, tuvo que tomar un préstamo para pagar los salarios estatales de diciembre y en enero anunció que no habrá aumentos para el sector, generando una crisis en los golpeados bolsillos de los empleados públicos.
Claro está que en Misiones la crisis golpea fuerte también, pero la gestión provincial prioriza la contención social, el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el orden. Hacer, estar y coordinar en lugar de promesas irrealizables a través de discursos grandilocuentes. La semana que concluyó tuvo varios ejemplos en ese sentido.
La renovación de autoridades en la CODEIM, con el respaldo explícito del gobernador Passalacqua al trabajo colectivo de los intendentes, no fue un hecho menor. En un contexto de escasez de recursos, la articulación entre Provincia y municipios aparece como una herramienta clave para sostener obras, infraestructura y desarrollo local. No es un gesto político: es una necesidad concreta.
Passalacqua lo expresó con claridad al valorar a los intendentes como actores estratégicos del desarrollo territorial. Son ellos —los jefes comunales— quienes ponen la cara todos los días frente al vecino, quienes reciben el primer reclamo, la primera angustia y también la primera demanda de respuesta. En tiempos de crisis nacional, el proyecto político provincial reconoce y respalda a esa primera línea, porque sin territorio no hay política que se sostenga.
Otro caso que sirve para ejemplificar lo mencionado es el del alivio fiscal, en el esquema de descuentos y exenciones del Impuesto Provincial Automotor 2026. la Provincia optó por combinar responsabilidad fiscal con sensibilidad social: bonificaciones por pago anticipado, cuotas accesibles, exenciones para vehículos antiguos y estímulos a tecnologías más limpias. Esta batería de medidas es clara desde su denominación: es un alivio, no resuelve grandes problemas, pero amortigua el impacto de la crisis.
Lo mismo puede decirse del acuerdo alcanzado en la Mesa Tabacalera. En una Argentina donde muchas economías regionales quedaron libradas a su suerte, Misiones volvió a apostar al diálogo y al consenso para defender producción y empleo. El precio de referencia fijado para el tabaco Burley no solo brinda previsibilidad a miles de productores, sino que reafirma una idea central: defender lo propio no requiere gritar, sino trabajar con seriedad, datos y presencia del Estado.
La agenda ambiental y de prevención también ocupó un lugar central. Ante un escenario climático extremo, el Gobierno provincial activó la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios, reforzando monitoreos, patrullajes y concientización. No es casualidad que Misiones haya logrado reducir drásticamente los incendios en los últimos años: hay planificación, inversión y coordinación real entre organismos, municipios y fuerzas operativas. Gobernar también es anticiparse.
A nivel municipal, la ciudad de Posadas ofrece un ejemplo claro de esa cercanía que la sociedad valora. Bajo la gestión del intendente Leonardo Stelatto, la capital provincial combina orden administrativo con presencia territorial. Beneficios impositivos, prórrogas para facilitar el cumplimiento, acompañamiento en emergencias, apoyo a bomberos, jornadas deportivas en barrios y operativos de salud animal descentralizados no son grandes anuncios, pero sí políticas que impactan directamente en la vida cotidiana.
Esa es, quizás, una de las claves de este tiempo: la gestión concreta como antídoto frente a la bronca social. En un clima atravesado por el enojo y la desconfianza, la gente distingue rápido entre el relato y la acción. No espera milagros, pero sí respuestas. Y cuando el Estado actúa, ordena y acompaña, el cinismo baja y aparece, aunque sea de manera frágil, la credibilidad.
Misiones no está mejor que el resto del país, pero tampoco se desentiende. Funciona, en muchos aspectos, como un amortiguador frente a la crisis nacional. Contiene, media y responde con los recursos que tiene, sin desconocer las dificultades. La demanda social hoy no es ideológica: es que alguien se haga cargo. Y esa expectativa, en gran medida, recae sobre la gestión provincial y los gobiernos locales.
Gobernar, en este contexto, no es declamar. Es sostener. Sostener servicios, producción, vínculos sociales y convivencia. La estabilidad y la previsibilidad también son valores políticos, aunque no hagan ruido en redes sociales. El territorio sigue siendo la base de la legitimidad, y Misiones lo entiende: estar donde están los problemas, no comentarlos desde lejos.
En un país cansado del ruido y las promesas incumplidas, esta forma de gobernar —silenciosa, constante y realista— no soluciona todo, pero dialoga mejor con una sociedad que la está pasando mal y que, más que discursos, necesita hechos.
Hechos que parecieran no llegar ni intentar que lleguen: el gobierno nacional es un espectador de lujo mientras se queman hectáreas y hectáreas de bosque nativo en el sur, fascinado con hacer seguidismo a todo lo que haga Estados Unidos, ahora se plantea tener en suelo argentino un ICE -agencia anti inmigrantes yankee- autóctono y al mismo tiempo planea convertir al país en depositario de los migrantes deportados por el país del norte. Además, el Banco Central anunció la necesidad de ajuste extra del 0,5% del PIB y señaló que el ajuste podría concentrarse en salarios, subsidios, planes sociales y bienes y servicios.