Así lo afirmó uno de los defensores de la querella, el Dr. Rafael Pereyra Pigerl. Además, relató el derrotero del caso, los encubrimientos, lo que significa la categoría de lesa humanidad y las posibles penas de los acusados.
Mario Golemba asistió a una consulta con una nutricionista en la localidad de Oberá el 27 de marzo de 2008, había avisado a su familia y pareja que volvería al atardecer a su lugar de origen, la Picada Indumar. Nunca regresó.
Al año siguiente, personas que estaban privadas de su libertad en la Comisaría de Dos de Mayo, donde Golemba fue detenido, declararon que el joven estuvo allí de forma ilegal – sin registro oficial- y fue brutalmente golpeado por los agentes policiales.
Idas y vueltas durante años hicieron creer que podría ser uno de esos casos en los que nunca se iría dilucidar lo sucedido, pero en los últimos días se produjo un giro histórico con la detención de 17 policías y expolicías de la Policía de Misiones, acusados de participar en la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba en 2008 bajo la hipótesis de “violencia, clandestinidad y un pacto de silencio institucional”. Tras 18 años sin respuestas, la Fiscalía Federal Nº 2 de Posadas y la Gendarmería Nacional desplegaron un megaoperativo con 17 allanamientos simultáneos que incluyeron el arresto del excomisario de Dos de Mayo, Ewaldo Katz.
Uno de los abogados querellantes, el Dr. Rafael Pereyra Pigerl detalló los avances judiciales tras la detención de 17 personas, bajo la figura de desaparición forzada.
Según el letrado, las claves de la investigación, liderada por la justicia federal y la Dra. Verónica Skanata, se sustenta en testimonios, escuchas telefónicas contundentes y documentación adulterada de la Comisaría de Dos de Mayo. El objetivo principal es esclarecer el destino de los restos de Golemba, mientras los imputados enfrentan posibles penas de prisión perpetua por este crimen de lesa humanidad cometido en democracia.
Basado en la información del expediente y las declaraciones del abogado querellante, los elementos probatorios que sustentan la imputación por desaparición forzada en el caso Golemba incluyen:
Pruebas testimoniales
* Declaraciones de testigos clave, de gran valor sustancial, como las de dos personas que se encontraban privadas de su libertad en la Comisaría de Dos de Mayo en el año 2009.
* Una gran cantidad de testigos de identidad reservada, cuyos expedientes y seguridad se mantienen bajo resguardo especial.
Pruebas documentales y libros adulterados
* Secuestro de documentación y de los libros de la Comisaría de Dos de Mayo (libros de guardia, de detenidos y de ingreso). Estos libros de actas presentaban tachaduras, borraduras y registros falsificados para ocultar el ingreso ilegal y clandestino de Mario Golemba.
* Documentación de la época aportada por la propia Jefatura de Policía.
Trazabilidad de los móviles policiales
* Aunque no se registró la detención de la víctima, se logró realizar una trazabilidad clave mediante el registro de la salida de los móviles policiales (específicamente una camioneta), lo que permitió identificar el horario en el que habrían salido trasladando el cuerpo.
Escuchas telefónicas
* Grabaciones telefónicas consideradas “evidentes” y “contundentes”. En estas escuchas, los imputados conversaban sobre la investigación, coordinaban “quedarse quietos” o manifestaban la falsa creencia de que “si no existe el cuerpo, no existe nada”.
Pruebas periciales y materiales
* Realización de pruebas periciales y secuestro de diversos objetos y efectos en la dependencia policial.
Diligencias de campo y forenses
* Allanamiento de la comisaría de Dos de Mayo y otros puntos de la localidad, donde se llevaron a cabo excavaciones y tareas forenses en la búsqueda de los restos de la víctima.
Encubrimiento institucional
El letrado señaló que se llevó a cabo una maniobra para desviar la investigación inicial del caso, articulada a través de las siguientes acciones:
* Ocultamiento y adulteración de registros oficiales: El ingreso de Mario Golemba a la comisaría de Dos de Mayo se realizó de forma ilegal y clandestina, por lo que se omitió asentarlo en los libros de guardia, de detenidos o de novedades. Posteriormente, los libros de actas de la comisaría fueron borrados, tachados y falsificados para ocultar lo sucedido.
* Manipulación de la investigación e intimidación de testigos: Los propios policías imputados (bajo el mando del entonces jefe de la comisaría) intervinieron de manera directa en el expediente. Llevaron a cabo sumarios administrativos internos y les tomaron declaraciones a las personas que estaban privadas de su libertad dentro de la misma dependencia. Esto se utilizó como un mecanismo de intimidación para infundir temor en los testigos y desacreditar o desmerecer las declaraciones de los dos testigos clave que habían comenzado a revelar la verdad.
* Creación de desvíos en la investigación: Un grupo de seis de los imputados se dedicó específicamente a realizar maniobras para desviar la investigación (tanto en el ámbito provincial como, en su momento, en el federal) y asegurar la impunidad. Estos desvíos incluyeron la utilización de vínculos de parentesco para entorpecer el proceso.
* Abuso de poder y pacto de silencio: El jefe de la Comisaría de aquel entonces (Katz) ejercía un fuerte poder y autoridad en la localidad, ordenando encubrir los hechos. Esto facilitó una estructura de desvío y silencio tanto dentro de la fuerza policial como en la cuestión judicial.

































































